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En la última década diversos países latinoamericanos han concentrado esfuerzos en la aprobación de normas que garanticen el derecho de acceso a la información pública y reconozcan la transparencia como principio orientador de la gestión gubernamental.
El acceso a la información brinda insumos para la adopción de decisiones trascendentales en la vida de las personas, llegando incluso a convertirse en una suerte de presupuesto o medio para el ejercicio de otros derechos fundamentales.